Médicos y pacientes avisan de la brecha entre ciencia y realidad

Las demandas sanitarias difieren de los criterios económicos
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Madrid
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23 jun 2017 - 13:32 h
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La obviedad del titular no siempre se traslada a la realidad. Las diferentes comunidades autónomas, responsables de la gestión sanitaria pero sujetas a la Ley de Garantías, han emprendido una senda mediante la cual los medicamentos biológicos y biosimilares se someten a procedimientos de compra centralizada exclusivos y, muchas veces, excluyentes. “Existe un divorcio entre ciencia y realidad. No hay una unificación entre comunidades autónomas y por tanto el arsenal terapéutico no es el mismo. Cuando haces un intercambio en el tratamiento tienes que demostrarlo con base científica”, explica Pascual Marco, vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. .

El caso que dibuja este experto no es teórico. Comunidades como Castilla- La Mancha —con la somatropina— o Canarias —con el infliximab— son claros ejemplo de priorización económica y cercenadura del abanico terapéutico. Pero ocurre en más territorios, lo que ahonda en la inequidad. “Las asociaciones de pacientes valoramos los biosimilares de forman positiva porque democratizan el acceso pero debe asegurar la eficacia del tratamiento. El criterio debe ser clínico y no económico y nos preocupa la inequidad que estamos viviendo”, explica Natacha Bolaños, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Afectados por Linfoma. Marco, además, también expone el problema de las inequidades producidas por el criterio del precio. “Esto nos preocupa porque hay un tema económico detrás. Si haces un concurso lo gana el más barato y entonces, ¿qué hacemos con la medicina basada en la evidencia?”, añade el prescriptor, quien asegura que en hematología se hacen concursos centralizados con eparinas y no se disponen de datos suficientes para intercambiar medicamentos con juicio científico.

Que el precio ha sido en estos últimos años el criterio más importante a la hora de elegir qué terapia adquirir es tan cierto como que tiene las horas contadas. La transposición de las directivas europeas relativas a la contratación pública emplazan a dejar de lado esta preferencia. “Es importante saber que para la compra de medicamentos biológicos el precio dejará de ser un criterio decisivo”, afirma el experto en derecho sanitario, Julio Sánchez Fierro. En este sentido, cabe recordar que cuando finaliza el periodo de protección por la patente, las propias farmacéuticas innovadoras son conscientes de que deben apoyar a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Ley de Autonomía del Paciente

Sánchez Fierro explica que las administraciones deberían tener un horizonte claro y común. El escenario que dibuja el experto jurista es el de una España donde las garantías hacia los pacientes sean exactamente las mismas. “Ya sea un medicamento biológico o biosimilar, debe imperar la libertad de prescripción y el empoderamiento del paciente. De esa manera cumpliremos con la Ley de Autonomía del Paciente”, afirma.

Para ello, Marco solicita disponer de toda la información clínica que exista para tomar decisiones basadas en la evidencia mientras que Bolaños pide el fin de la fragmentación a la hora de tomar decisiones. “Estas deben basarse en criterios clínicos y no en números o presupuestos. Es necesario disponer de toda la transparencia para que la decisión que finalmente se tome sea la adecuada para el tratamiento del paciente”, afirma.

Tanto médicos como ciudadanos piden que las decisiones se tomen conforme a la evidencia

Las inequidades entre comunidades dificultan que un paciente pueda continuar su tratamiento

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