Juan Pablo Ramírez Madrid | viernes, 31 de marzo de 2017 h |


Pastor destacó la necesidad del “aumento de la seguridad jurídica de los profesionales y la reducción de la litigiosidad”



“Estamos en una legislatura en la que es posible el Pacto por la Sanidad”, señaló Dolors Montserrat



Romero denunció la “temporabilidad injusta y evitable que está precarizando la profesión”


La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aprovechó la toma de posesión de Serafín Romero como presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) para anunciar su intención de reactivar los acuerdos firmados por el Gobierno y el Foro de la Profesión Médica en el Palacio de La Moncloa en julio de 2013. Después de Semana Santa mantendrá su primera reunión con el Foro, una reclamación que venían haciendo los profesionales y que el mismo Romero había repetido tras jurar el nuevo cargo ante su predecesor, Juan José Rodríguez Sendín; la ministra de Sanidad; la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el presidente del Icomem, Miguel Ángel Sánchez Chillón.

Precisamente el nuevo presidente de la OMC citó cinco grandes retos a los que deberá hacer frente durante su mandato, ante más de 300 asistentes, entre los que se encontraban los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, Jesús Sánchez Martos y Jesús Fernández, o el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza. Uno de ellos hace referencia a la necesidad de retomar estos acuerdos, cuyo lento avance se frenó al término de la legislatura. El resto se refieren a la situación del médico, el papel de la OMC, la profesión y los pacientes.

En sus discursos, tanto Romero como Montserrat coincidieron en la necesidad de un Pacto por la Sanidad. El presidente de la OMC solicitó que el Congreso de los Diputados designe una Comisión de Expertos para analizar los principales problemas de organización y funcionamiento del SNS. La ministra cogió el guante y recordó que en el Senado ya hay un acuerdo para empezar a trabajar. “Estamos en una legislatura en la que es posible”, recalcó sobre un pacto que no “entiende de ideologías ni de intereses” y que confía en aprobar por “unanimidad”.

En la misma línea se expresó Pastor que instó “al diálogo y a la búsqueda de consensos entre todas las instituciones y actores implicados para el diseño y ejecución de políticas orientadas a reconocer el enorme esfuerzo que realizan los profesionales sanitarios y a incrementar sus cuotas de responsabilidad y autonomía”.

Precariedad laboral

La otra gran preocupación de Romero y que viene expresando desde su llegada a la presidencia hace ya un mes es la precariedad laboral que sufren los médicos tanto en el sistema público como en el privado. Romero insistió en la necesidad de extender el Pacto por la Sanidad a otro por los profesionales para acabar con una “temporalidad injusta y evitable que está precarizando la profesión”.

El Gobierno ya ha comenzado a trabajar en esta línea. Montserrat hizó alusión al cuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para reducir al 8 por ciento la tasa de temporalidad en tres años, según anunció la semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Y en este contexto de pactos y ante la necesidad de reformas dentro del sistema sanitario, Ana Pastor resaltó la labor que puede realizar la OMC. “Es ineludible contar con el conocimiento y aportaciones provenientes de organizaciones como los colegios profesionales”, indicó. Insistió en su discurso en las áreas donde resulta necesario avanzar: el establecimiento de mecanismos que garanticen la movilidad de profesionales en condiciones de igualdad, el aumento de la seguridad jurídica para los profesionales y la reducción de la litigiosidad, y el adecuado reconocimiento del ejercicio profesional en el sector privado. Pastor expresó su deseo de que el Parlamento se convierta en esta legislatura en “actor principal de las mejoras que necesitan los ciudadanos en materia de salud”.

Para la reducción de la litigiosidad, la ministra de Sanidad se comprometió en la aprobación del baremo de daños sanitarios, un punto sobre el que se había detenido Rodríguez Sendín.