El reclamado baremo de daños sanitarios tendrá que esperar aún. Ángel Luis Guirao, subdirector General de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema del Ministerio de Sanidad ha explicado que aunque el texto del anteproyecto está prácticamente perfilado —a falta de pulir dos puntos del articulado— y las tablas también están hechas —pendientes de recibir el visto bueno de los técnicos—, la publicación de esta ley es algo que “no se puede hacer con un gobierno en funciones y un Parlamento disuelto”. El responsable sanitario fue uno de los cuatro participantes en el taller de trabajo promovido por A.M.A. bajo el enunciado “El proyecto de baremo de daños sanitarios: Volver a empezar. Una necesidad insoslayable”, en el marco del XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebra estos días en Madrid.
Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de A.M.A. fue la encargada de dirigir y moderar este encuentro, en el que subrayó el consenso común sobre la necesidad de “disponer de una vez por todas de un baremo de daños específico reclamado durante años por el sector”. “El daño sanitario tiene características distintas al daño corporal, como el estado previo del paciente o secuelas concretas que requieren un baremo específico”, insistió. Al igual que admitió que “aunque probablemente no sea la panacea, resulta fundamental” y expresó su deseo de que este congreso sirva para reactivar el tema.
En la misma mesa, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero, trazó un recorrido por esta petición histórica. Romero se preguntó si hay alguien en contra del baremo de daños sanitarios. “Si está todo dicho y escrito, si hay consenso, incluso a nivel político… ¿Dónde está el misterio”, cuestionó. “Hoy deberíamos resolver qué o quién impide que salga adelante, y me temo que es una respuesta que tampoco sabremos dar”, apuntó el presidente de la OMC.
En su opinión, es básico entender que los errores y las negligencias en el ámbito sanitario no siempre causan daños y que una parte de ellos son inevitables.
Por su parte, José Carlos López Martínez, magistrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, expuso las consecuencias derivadas de la falta de un baremo específico. Entre otras, aseguró que refuerza la cultura de la culpa, el miedo y la desconfianza y extiende la incertidumbre de los médicos, que se ven obligados a actuar protegiéndose. En este sentido, también subrayó que fomenta la “costosa e indeseable” medicina defensiva, con los riesgos consiguientes para los pacientes.
En resumen, “se perjudica la seguridad de los pacientes, de los ciudadanos y del propio Sistema Nacional de Salud, incrementando innecesariamente sus costes”, manifestó.
En sintonía con estas afirmaciones, César Tolosa Tribiño, magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, coincidió en que es necesario establecer un mecanismo en el que junto a criterios de uniformidad también exista un criterio de flexibilidad que permita a los jueces, dentro de un marco seguro, poder adaptar las cuantías indemnizatorias a las circunstancias de cada caso.
El experto también recordó que el sistema de baremos se aplica ya en algunas partes de Europa y supone una limitación a la discrecionalidad judicial. Tolosa aludió a la posibilidad de que este baremo no se haga sobre una base teórica, sino sobre la base de las propias decisiones judiciales, teniendo en cuenta los precedentes. “Esta solución sería muy ventajosa, argumenta, porque sería un baremo flexible y actualizable, que tendría un carácter indicativo”, tal y como expuso el magistrado.
